Una jueza federal ordenó al gobierno de Estados Unidos detener sus intentos de arrestar y deportar a Yunseo Chung, una estudiante de 21 años de la Universidad de Columbia que participó en manifestaciones propalestinas.
El caso de Yunseo Chung
Yunseo Chung, estudiante de tercer año en Columbia, es residente legal permanente de Estados Unidos (es decir que tiene una Green Card). Llegó al país desde Corea del Sur cuando tenía 7 años y ha vivido allí desde entonces.
El 5 de marzo, Chung fue arrestada por la policía de Nueva York durante una protesta en la Facultad Barnard, donde los estudiantes realizaban una sentada para protestar contra lo que consideraban castigos excesivos impuestos por la administración de Columbia. Recibió una citación por el delito menor de “obstrucción de la administración gubernamental” y fue liberada.
A raíz del arresto, la universidad suspendió provisionalmente a Chung y le restringió el acceso al campus.
La acción del gobierno
Apenas cuatro días después de su arresto, el 8 de marzo, un funcionario de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) firmó una orden de arresto contra Chung. Al día siguiente, funcionarios de inmigración se presentaron en la residencia de sus padres buscándola.
El 10 de marzo un funcionario federal informó al abogado de Chung que su estatus de residente legal permanente sería revocado.
Tres días después, agentes federales ejecutaron órdenes de registro en dos residencias de la Universidad de Columbia, incluido el dormitorio de Chung.
Finalmente, el lunes 24 de marzo, la estudiante presentó una demanda contra la administración de Trump para evitar que las autoridades federales la expulsen del país.
El argumento del gobierno es que con su presencia en Estados Unidos Chung obstaculiza el objetivo de la política exterior de la administración de frenar la propagación del antisemitismo.
La decisión judicial
La jueza federal Naomi Reice Buchwald emitió el martes una orden de restricción temporal que impide a las autoridades de inmigración detener o deportar a Chung.
Según la jueza, nada en el expediente indicaba que Chung representara un peligro para la comunidad o un riesgo de política exterior. Remarcó que no había indicios de que se hubieran utilizado armas durante las actividades de protesta ni que la estudiante se hubiera comunicado con organizaciones terroristas.
La orden también prohíbe trasladar a Chung fuera de la jurisdicción del Distrito Sur de Nueva York. “No habrá viajes a Luisiana aquí”, dijo la jueza Buchwald, en aparente referencia a otros detenidos que están siendo retenidos en Luisiana, incluido Mahmoud Khalil, otro activista propalestino arrestado recientemente.
Reacciones al caso
Ramzi Kassem, abogado de Chung y co-director de CLEAR, una clínica legal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, elogió la decisión de la jueza.
“A partir de hoy, Yunseo Chung ya no tiene que vivir con el temor de que ICE llegue a su puerta y la secuestre en la noche como lo hicieron con el Sr. Khalil y otros activistas estudiantiles”, dijo a los reporteros fuera del tribunal.
“Ella es una estudiante universitaria de tercer año haciendo lo que generaciones de estudiantes universitarios han hecho antes, que es hablar y protestar”, añadió Kassem.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había dicho en un comunicado el lunes que la conducta de Chung había sido “preocupante” y mencionó su arresto por la policía de Nueva York en lo que llamó una “protesta pro-Hamás en Barnard College”. El comunicado también afirmó que ICE “investigará a personas involucradas en actividades en apoyo de Hamás, una organización terrorista extranjera”.
Un precedente en formación
La próxima audiencia en el caso de Chung está programada para el 20 de mayo. Mientras tanto, gracias a la orden de restricción temporal emitida por la jueza Buchwald, la estudiante puede permanecer en Estados Unidos y continuar con sus estudios.
El resultado final del caso podría establecer precedentes importantes sobre los derechos de los residentes permanentes a participar en manifestaciones y hasta qué punto las actividades de protesta pueden afectar su estatus migratorio en Estados Unidos.
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