La administración de Donald Trump deportó a cientos de personas a El Salvador, a pesar de un bloqueo judicial que ordenaba detener estas expulsiones.
Esta medida forma parte de la estrategia del gobierno para acelerar las deportaciones masivas utilizando una ley de tiempos de guerra que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial.
Entre los deportados, se encontraban más de 200 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua y 23 miembros de la pandilla MS-13.
Sigue leyendo para saber más sobre la ley que invocó Trump para estas deportaciones, qué dijo el juez que quiso bloquearlas y cómo reaccionaron los distintos gobiernos involucrados.
Trump invoca La Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua
El viernes 14 de marzo, Trump firmó una proclamación donde invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Esta norma otorga al presidente poderes extraordinarios para ordenar la detención y deportación de ciudadanos de países considerados en guerra o invasión contra Estados Unidos, sin que puedan ver a un juez.
La ley, que tiene 227 años de antigüedad, solo se había aplicado tres veces en la historia estadounidense: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno de Trump argumentó que el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que fue designada como organización terrorista extranjera en febrero, está “perpetrando, intentando y amenazando una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”.
Según la proclamación firmada por Trump, estos grupos criminales actuarían bajo las órdenes, encubiertas o no, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Un juez intenta frenar las deportaciones
El sábado 15 de marzo (es decir, al día siguiente de firmada la proclamación de Trump), el juez federal James Boasberg bloqueó la deportación de cinco inmigrantes venezolanos que habían presentado una demanda. El gobierno no deportó a estas cinco personas.
Sin embargo, el mismo sábado, el juez Boasberg amplió su orden judicial, para impedir por 14 días la deportación de cualquier persona bajo la proclamación presidencial de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El magistrado consideró que la aplicación de esta ley generaba serias dudas, ya que tradicionalmente requiere una situación de guerra declarada.
Durante la audiencia de emergencia celebrada el sábado por la tarde, Boasberg ordenó verbalmente: “Cualquier avión que contenga a estas personas y que vaya a despegar o esté en el aire debe ser devuelto a Estados Unidos, sea como sea. Asegúrense de que se cumpla inmediatamente”.
Aviones en el aire y un acuerdo con El Salvador
Para cuando el juez emitió su orden, al menos dos aviones con deportados ya estaban en vuelo: uno con destino a El Salvador y otro a Honduras.
Según los datos de seguimiento de vuelos, los aviones partieron del aeropuerto internacional de Harlingen, Texas, durante un receso en la audiencia judicial mientras el Departamento de Justicia verificaba si había vuelos inminentes o en curso.
A pesar de la orden del juez, al menos uno de los aviones continuó su viaje y aterrizó en El Salvador.
El domingo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en la red social X (ex Twitter): “Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”. Y agregó: “En esta ocasión, Estados Unidos también nos ha enviado a 23 integrantes de la MS-13 buscados por la justicia salvadoreña, incluidos dos cabecillas”.
Bukele también reveló que Estados Unidos pagará 6 millones de dólares a El Salvador para encarcelar a estos migrantes durante un año (renovable) en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido como la “megacárcel” salvadoreña.
Si quieres saber más sobre el acuerdo por el cual El Salvador se comprometió a alojar en sus cárceles a deportados de los Estados Unidos, te recomendamos el artículo “El Salvador acepta recibir deportados de todas las nacionalidades”.
La administración Trump defiende su posición
El Departamento de Justicia presentó un documento el domingo argumentando que algunos de los deportados ya habían sido removidos del territorio estadounidense antes de la emisión de la orden del juez Boasberg.
La Casa Blanca, por su parte, negó haber desobedecido la orden judicial, afirmando que esta no tenía fundamento legal y que fue emitida cuando los deportados ya estaban fuera del territorio estadounidense.
Reacción del gobierno de Venezuela
El gobierno venezolano rechazó la medida calificándola como “anacrónica” y afirmó que estigmatiza a los migrantes y viola sus derechos fundamentales.
Según un comunicado del domingo, Venezuela considera que la ley “evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
Lo que sigue
El bloqueo judicial de Boasberg sigue técnicamente vigente por 14 días, durante los cuales el gobierno de Trump se comprometió a no realizar más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras se resuelve la apelación presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia.
Esta batalla legal apenas comienza y podría eventualmente llegar hasta la Corte Suprema. Los expertos legales señalan que la decisión final podría sentar un precedente histórico sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia migratoria y la aplicabilidad de leyes de guerra en tiempos de paz.
En última instancia, el uso de una ley de 1798 para resolver problemas actuales representa una nueva estrategia en el enfoque de la administración Trump hacia la inmigración irregular, que podría extenderse más allá del caso específico del Tren de Aragua para abarcar otras organizaciones criminales transnacionales o, potencialmente, categorías más amplias de migrantes.
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