Varias organizaciones de defensa de inmigrantes presentaron una demanda contra la administración de Trump para evitar que el registro obligatorio de inmigrantes entre en vigor.
Como te informamos en su momento, el gobierno anunció recientemente la creación de un registro nacional para todas las personas que se encuentren en los Estados Unidos de manera irregular. Quienes no se reporten voluntariamente, podrían sufrir desde multas económicas hasta penas de prisión.
En este artículo te contamos en qué consiste el registro de inmigrantes y cuáles son los argumentos de los demandantes para pedir que se lo declare ilegal.
La nueva regla de registro
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió el 12 de marzo una regla final interina que activó una ley federal de la década de 1940. Según esta ley —que no se había aplicado en décadas—, todos los no ciudadanos deberán:
- Registrarse con el gobierno federal.
- Presentar sus huellas dactilares e información biográfica.
- Llevar consigo prueba de su registro en todo momento.
La medida entrará en vigor el 11 de abril y establece severas consecuencias para quienes no cumplan:
- Una multa de $ 5.000 y hasta 30 días de prisión por no llevar prueba del registro.
- Una multa de $ 5.000 y hasta seis meses de prisión por negarse a registrarse.
Origen de la medida
La regla surge de una orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día en el cargo, titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión“.
Esta orden instruía al DHS a asegurar que todos los “extranjeros no registrados” se registraran con el gobierno y presentaran huellas dactilares e información biográfica.
Los argumentos de la demanda
La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Washington D. C., por un grupo de organizaciones de defensa de los derechos de inmigrantes.
Los demandantes alegan que la administración Trump violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
¿Por qué?
Porque el gobierno creó este nuevo registro de inmigrantes valiéndose de lo que se conoce como “regla final interina”.
Al establecer normativas, las agencias federales estadounidenses deben cumplir con ciertos procedimientos legales: publicar un aviso sobre la propuesta de reglamentación en el periódico oficial del gobierno (el “Federal Register”); dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar comentarios sobre la propuesta, y, tras considerar los comentarios, incluir una declaración sobre la base y propósito de la norma adoptada.
El problema en este caso es que el gobierno de Trump no siguió estos pasos. En cambio, creó el registro a través de una regla final interina. Es decir, un tipo de norma que entra en vigor sin seguir el proceso de notificación y comentario público previo. Esto es un mecanismo excepcional que se justifica únicamente cuando la agencia de gobierno considera que existe “buena causa” para no seguir el proceso normal.
Esto es lo que se cuestiona en la demanda. La creación del registro impacta a millones de personas, por lo cual debería haberse hecho la notificación previa y la apertura a comentarios públicos.
Además, los demandantes consideran que la regla final interina es confusa en su redacción y va a traer caos. Por ejemplo, señalan que no queda claro qué categorías de inmigrantes van a estar exentos de registrarse.
Implicaciones según los demandantes
Según los demandantes, la regla crearía un entorno de “muéstreme sus papeles” y expondría a los no ciudadanos, incluidos los residentes legales, a posibles cargos criminales.
Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council), expresó: “Esta regla es una invitación al abuso generalizado. Estamos hablando de una nueva realidad en los Estados Unidos, en la que cualquier persona percibida como inmigrante tendría que llevar sus documentos de identidad cada vez que salga de casa y estar preparada para mostrarlos a las autoridades policiales cuando se lo exijan, bajo riesgo de ser arrestada”.
Un análisis del Consejo Americano de Inmigración señala que “la política de la administración Trump plantea la posibilidad de que los inmigrantes que están registrados, independientemente de su estatus legal, puedan ser acusados penalmente y penalizados por no llevar prueba de su registro en todo momento”.
El camino por delante
Esta demanda se suma a una serie de desafíos legales contra las recientes políticas migratorias de la administración Trump.
Mientras el proceso judicial avanza, la fecha del 11 de abril se mantiene como el día en que la regla entraría en vigor, salvo que el tribunal decida lo contrario. Las organizaciones demandantes buscan que el tribunal bloquee la implementación de esta medida antes de esa fecha, a través de una medida cautelar.
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