El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión de un juez federal de Massachusetts que había bloqueado la orden ejecutiva de Trump sobre ciudadanía por nacimiento.
Como consecuencia de esta decisión unánime, la controvertida decisión de Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para ciertos inmigrantes sigue sin aplicarse.
En este artículo te explicamos los detalles de este nuevo capítulo judicial, sus implicaciones inmediatas y lo que podría significar para el futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La orden ejecutiva de Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento
El mismo día en que asumió, Trump firmó varias órdenes ejecutivas. Entre ellas, una llamada “Protegiendo el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”.
Allí dispuso que no se les otorgaría la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos de madres indocumentadas o con un estatus temporal en Estados Unidos, cuando el padre no fuera ciudadano estadounidense o residente permanente al momento del nacimiento. Puedes leer más sobre esta medida aquí.
El bloqueo del juez federal Sorokin
Inmediatamente, distintos jueces del país empezaron a recibir demandas que intentaban bloquear la aplicación de la orden de Trump.
Entre ellas, una fue presentada en Massachusetts, ante el juez federal Leo T. Sorokin.
El juez Sorokin —que fue designado por Barack Obama— decidió bloquear temporalmente la aplicación de la orden de Trump, argumentando que, si se aplicaba, aunque fuera por un tiempo, causaría un daño irreparable.
“La pérdida de la ciudadanía por nacimiento, incluso si es temporal y luego restaurada al concluir el litigio, tiene efectos en cascada que afectarían la vida de un niño pequeño (y la vida de su familia), dejando muy probablemente cicatrices permanentes”, expresó el juez para justificar su decisión.
Y agregó: “El expediente ante el tribunal establece que los niños nacidos sin un estatus reconocido o legal enfrentan barreras para acceder a atención médica crítica, entre otros servicios, junto con la amenaza de deportación a países en los que nunca han vivido y una posible separación familiar”.
El juez concluyó que el gobierno, por su parte, no había demostrado un interés en bloquear la ciudadanía por nacimiento que pudiera pesar más que el daño que podrían sufrir los demandantes. El único argumento del gobierno había sido que el Poder Ejecutivo tiene autoridad para decidir en asuntos de inmigración, y el juez consideró que este argumento no era suficiente.
El gobierno busca revertir la decisión del juez
Ante la decisión del juez Sorokin, el gobierno intentó revertirla. Apeló ante el Tribunal de Apelaciones, con el argumento de que a coalición de 18 estados (más Washington D. C. y San Francisco) que presentó la demanda no tenía legitimación para hacerlo.
¿Qué es la legitimación?
La legitimación hace referencia a la capacidad que tiene alguien para demandar a otro. Para demostrar que tiene legitimación, la persona que demanda tiene que probar que sufrió o puede sufrir un daño, que hay una relación causal entre ese daño y la conducta del demandado y que el tribunal puede dar una solución que repare o evite ese daño.
Este requisito existe para que no aparezca cualquier persona presentando demandas por cosas que no le afectan. Por ejemplo, si mi vecino Pepito firmó un contrato con Juancito y Juancito no lo cumple, yo como vecino de Pepito no puedo ir a reclamar ante un juez. El juez me va a decir que, aunque Pepito me caiga muy bien y seamos grandes amigos, yo no tengo legitimación, porque no soy yo quien sufrió el daño, sino que fue Pepito.
Algo parecido dijo el gobierno: la coalición de estados y ciudades que demandó no tiene legitimación para pedir que se bloquee la orden de Trump, porque no le genera ningún daño. Podría —en cambio— reclamar, por ejemplo, una persona embarazada cuyos hijos no obtendrían la nacionalidad, porque ahí sí habría un daño real, específico y personal.
El Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del juez
El pasado martes 11 de marzo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión de primera instancia del juez federal Sorokin.
Para justificar esta decisión declaró que:
- La coalición de estados y ciudades que presentó la demanda SÍ tiene legitimación, porque de aplicarse la orden ejecutiva de Trump, perderían fondos federales, con lo cual sí sufrirían un daño (económico).
- El gobierno no argumentó que la orden ejecutiva de Trump fuera legal. El gobierno solo cuestionó la legitimación de los demandantes, pero no justificó que la orden ejecutiva de Trump fuera acorde a la Constitución.
- El riesgo de que cuando se resuelva el fondo del asunto se decida que la orden ejecutiva de Trump viola la ley federal es alto.
Por estas razones, el Tribunal concluyó que la decisión del juez Sorokin de bloquear la aplicación de la orden de Trump debía seguir en pie.
Esto significa que el caso sigue tramitándose y, mientras tanto, la orden de Trump va a seguir sin aplicarse.
Conclusión
Esta batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento refleja uno de los debates constitucionales más fundamentales en la nueva administración Trump.
Por ahora, la tradición constitucional de más de 150 años que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense sigue vigente, pero su futuro dependerá de cómo evolucione este litigio en los próximos meses.
La resolución final podría establecer un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial y el alcance de la Decimocuarta Enmienda en la era moderna.
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