El conflicto entre el gobierno federal y los lugares conocidos como “santuario” se está intensificando día a día.
En estos lugares santuario (que pueden ser ciudades, condados o incluso estados enteros), las autoridades locales limitan su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Políticas típicas de santuario son, por ejemplo, que las autoridades no cooperen con la policía de inmigración (ICE), a menos que haya una orden judicial. O que la policía local tenga prohibido preguntar a las personas por su estatus migratorio.
Como te informamos en su momento, el gobierno de Trump estuvo tomando medidas en contra de las ciudades santuario desde que asumió.
La situación no tardó en llegar a los tribunales.
Primero, Chicago demandó a Trump para frenar redadas.
Luego, el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra Chicago, Illinois y el condado de Cook por sus políticas de santuario.
Ahora se suma un último capítulo en esta batalla legal.
Esta vez, es San Francisco la que anunció el viernes 7 de febrero que demandará a Trump por sus medidas en contra de las jurisdicciones santuario.
En este artículo te contamos de qué trata esta nueva demanda y todo lo que está en juego (una pista: millones y millones de dólares).
La demanda de San Francisco
Ya sabemos que el gobierno de Trump quiere obligar a las ciudades santuario a ayudar con las deportaciones de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo piensa lograrlo? Retirándoles fondos federales y procesando judicialmente a los funcionarios que protejan a inmigrantes indocumentados.
San Francisco —una ciudad santuario— decidió demandar al gobierno de Trump, para proteger lo que considera que es su derecho de limitar su cooperación con las autoridades de inmigración federal.
San Francisco no está sola en esta demanda. Lidera, en realidad, una coalición a la que se sumaron otras ciudades y condados santuario: Portland (Oregón), Santa Clara (California), King (Washington) y New Haven (en Connecticut).
¿Qué busca la demanda?
La demanda quiere bloquear la implementación de la orden ejecutiva de Trump titulada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión“, frenar los recientes memorandos del Departamento de Justicia que buscan cortar fondos federales, evitar acciones civiles y penales contra las jurisdicciones santuario y obtener una declaración judicial de que estas medidas son inconstitucionales.
Las jurisdicciones santuario alegan que su no cooperación con las autoridades federales en materia de inmigración es totalmente legal, gracias a lo que dispone la Décima Enmienda de la Constitución.
Según la Décima Enmienda, el gobierno federal solo tiene los poderes que le fueron otorgados explícitamente por la Constitución. Y si algún poder no le fue dado al gobierno federal de manera explícita por la Constitución, entonces pertenece a los estados o al pueblo. Por eso, la postura de las jurisdicciones santuario es que el gobierno federal no podría obligarlas a participar en la aplicación de leyes de inmigración.
Millones de dólares en juego
Para las jurisdicciones santuario, el impacto financiero de perder fondos federales sería devastador.
San Francisco, por poner un ejemplo, podría perder más de 3.000 millones de dólares que recibe del gobierno federal, y que usa para servicios públicos como salud, educación y transporte.
La ciudad también recibe casi 9 millones de dólares anuales para programas de seguridad pública, de parte del Departamento de Justicia.
Esto nos da una idea de la dimensión monetaria del conflicto, que es enorme.
Trump y California ya se enfrentaron en el pasado
Las jurisdicciones demandantes tienen motivos para ser optimistas.
Durante la primera administración Trump, California y San Francisco ganaron una demanda similar cuando el gobierno federal intentó retirar fondos del Programa de Asistencia de Justicia Edward Byrne.
En ese caso, una corte federal determinó que el Departamento de Justicia no tenía autoridad para condicionar los fondos a la cooperación en temas migratorios.
Esta decisión luego fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Conclusión
El conflicto por las jurisdicciones santuario no para de escalar.
En apenas tres semanas desde que Trump asumió la presidencia, hemos visto una serie de acciones legales de ambos lados. Mientras el gobierno federal busca endurecer sus políticas migratorias, las ciudades santuario se mantienen firmes en su decisión de proteger a sus comunidades inmigrantes.
Lo que está en juego es significativo. Y si nos guiamos por decisiones judiciales anteriores, las ciudades santuario tienen razones para mantener la esperanza. Pero nada está dicho todavía.
Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Nosotros te mantendremos informado cuando haya novedades. Y si tienes cualquier inquietud sobre este u otros temas migratorios, puedes programar una consulta con nosotros aquí.
