La batalla legal entre el gobierno federal y las llamadas “ciudades santuario” suma un nuevo capítulo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra la ciudad de Chicago, el estado de Illinois y el condado de Cook por sus políticas de santuario.
Esta acción legal es el más reciente episodio en una serie de enfrentamientos sobre el alcance y los límites del poder federal en materia migratoria, que se ha intensificado en las últimas semanas.
La demanda, presentada el jueves 6 de febrero en la Corte Federal de Illinois, llega apenas un día después de que la nueva fiscal general Pam Bondi asumiera su cargo y ordenara la suspensión por 60 días de fondos federales a las jurisdicciones santuario.
En este artículo te contamos todo lo que tienes que saber sobre las jurisdicciones santuario, las medidas de Trump sobre el tema y qué dice esta nueva demanda.
¿Qué son las jurisdicciones santuario?
En artículos anteriores, ya te contamos sobre las jurisdicciones santuario en Estados Unidos. Se trata de ciudades, condados o incluso estados enteros, en donde las autoridades locales limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Políticas clásicas de santuario serían, por ejemplo, que las autoridades locales no cooperen con la policía de inmigración (ICE) salvo que haya una orden judicial. O que la policía local tenga prohibido preguntar a las personas por su estatus migratorio.
En las jurisdicciones santuario, además, generalmente se trata de la misma manera a todas las personas sospechosas de haber cometido un crimen, sea cual fuere su estatus migratorio. Entonces, mientras en una ciudad que no tiene políticas de santuario, cuando se detiene a una persona indocumentada, se la detiene por 48 horas extra (para que las autoridades federales de inmigración puedan tomar custodia de ella), esto en las ciudades santuario no sucede. Las personas detenidas quedan todas en custodia policial por la misma cantidad de tiempo. Si no tienen documentos, no se las detiene por 48 horas extra.
Las medidas del gobierno de Trump contra las jurisdicciones santuario
El primer día en que asumió su presidencia, Trump firmó una orden ejecutiva llamada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”.
Allí ordenó al fiscal general y al secretario de seguridad nacional que tomen medidas para cortar los fondos federales a jurisdicciones santuario y que demanden a los funcionarios de jurisdicciones santuario que interfieran con la aplicación de la ley.
Al día siguiente, el fiscal general interino emitió un memorando en conformidad con la orden ejecutiva de Trump.
En ese memorando, dijo que los funcionarios estatales y locales deben cumplir con las iniciativas de aplicación de la ley migratoria del Poder Ejecutivo. Y que si llega a haber situaciones en que las autoridades locales se resistan, obstruyan o incumplan de algún modo las órdenes relacionadas con inmigración, habrá una investigación y un posible enjuiciamiento.
Una primera demanda contra Trump para frenar redadas
El gobierno de Trump no fue el único en ponerse en acción.
El 25 de enero, a tan solo cinco días de la asunción presidencial, varias organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda federal en Chicago contra la administración de Trump.
La presentación judicial tenía como fin que la justicia frene las redadas que se había anunciado que se llevarían a cabo en la ciudad.
Según estas organizaciones, el gobierno de Trump apunta a Chicago como represalia por las políticas de santuario.
De qué trata esta nueva demanda del DOJ contra Illinois, Chicago y Cook
La nueva demanda del DOJ fue presentada el jueves 6 de febrero en la Corte Federal de Illinois.
En el centro de la controversia están las leyes TRUST y Way Forward de Illinois, la Ley de Ciudad Acogedora de Chicago, y la Ordenanza 11-0-73 del condado de Cook, que limitan de un modo u otro la cooperación de estas jurisdicciones con las autoridades federales de inmigración.
Estas normas —según la demanda del DOJ— obstaculizan intencionalmente la aplicación de las leyes federales de inmigración. Por eso, el DOJ solicita que la corte bloquee estas normas.
El DOJ considera que las autoridades locales están actuando en contra de lo previsto por la ley federal de inmigración. Y esto sería una violación de la Constitución, porque las leyes federales siempre tienen prioridad sobre las leyes estatales y locales.
Las autoridades locales, sin embargo, se mantienen firmes en defensa de sus políticas de santuario.
El gobernador de Illinois JB Pritzker —que fue incluido en la demanda a nivel personal— declaró que “a diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley” y defendió la Ley TRUST, que fue aprobada con apoyo bipartidista.
Por su parte, el alcalde de Chicago Brandon Johnson —que también fue demandado personalmente— reafirmó que Chicago seguirá siendo una ciudad acogedora y que no participará en la aplicación de leyes migratorias.
Las autoridades locales argumentan que las políticas de santuario son necesarias para mantener la confianza de las comunidades inmigrantes y asegurar que las personas no teman reportar delitos por miedo a ser deportadas.
Además, sostienen que el gobierno federal no puede obligar a las autoridades locales a hacer cumplir leyes federales, según lo dispuesto por la Décima Enmienda de la Constitución. Según esta enmienda, el gobierno federal solo tiene los poderes que le fueron otorgados explícitamente por la Constitución y, los que no le fueron otorgados explícitamente, pertenecen a los estados o al pueblo. Por eso, el gobierno federal no podría obligar a las jurisdicciones locales a participar en la aplicación de leyes de inmigración.
Todo esto es lo que está en discusión en este caso judicial.
Conclusión
La tensión entre el gobierno federal y las jurisdicciones santuario no es nueva. Órdenes ejecutivas, memorandos, leyes, ordenanzas… y ahora una demanda.
Tenemos por un lado al gobierno federal, que busca una victoria legal que le permita obligar a las jurisdicciones locales a cooperar con sus políticas migratorias.
Por otro, están las autoridades locales, que defienden su autonomía para proteger a sus comunidades inmigrantes.
El resultado de este caso podría sentar un precedente importante sobre el equilibrio entre el poder federal y la autonomía local en materia migratoria, un debate que probablemente continuará siendo central en la política estadounidense durante los próximos meses.
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