El gobierno de Trump quiere investigar a funcionarios locales que no cooperen con inmigración para detener inmigrantes.
En Estados Unidos hay muchos estados y ciudades que se conocen como “santuario”, en donde los oficiales locales no les comparten información a las fuerzas federales (a inmigración, CBP, etc.).
Por eso, el gobierno de Trump, usando el Departamento de Justicia, quiere iniciar acciones penales y civiles contra funcionarios o policías locales que no compartan información con ICE (la policía de inmigración) o con otras fuerzas federales.
En este artículo, te cuento las últimas decisiones del gobierno de Trump sobre las ciudades santuario.
La orden ejecutiva de Trump
En una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el día en que asumió, llamada “Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión”, el presidente se refirió a las jurisdicciones conocidas como “santuario”.
En la sección 17 de la orden, Trump ordenó al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Nacional:
- Que tomen las medidas necesarias para asegurar que las jurisdicciones denominadas “santuario”, que “buscan interferir con el ejercicio legal de las operaciones federales de aplicación de la ley, no reciban acceso a fondos federales”.
- Que emprendan las acciones legales, criminales o civiles, que consideren justificadas en base a las prácticas de dichas jurisdicciones que interfieran con la aplicación de la ley federal.
En otras palabras, con esta orden, Trump envía una advertencia clara a los estados o ciudades santuario: si no cooperan con las autoridades federales de inmigración, podrán perder fondos federales e, incluso, los funcionarios que no cooperen podrían ser demandados.
El memorando del Fiscal General interino
Al día siguiente, el Fiscal General interino emitió un memorando en conformidad con la orden ejecutiva de Trump.
Allí, invocó la “cláusula de supremacía”, que es parte de la Constitución de los Estados Unidos. Según esta cláusula, la Constitución, las leyes federales y los tratados son la ley suprema del país. Por lo tanto, si hay un conflicto entre leyes federales y leyes estatales o locales, son las leyes federales las que tienen prioridad.
Según el memorando del Fiscal General interino, entonces, los funcionarios estatales y locales deben cumplir con las iniciativas de aplicación de la ley migratoria del Poder Ejecutivo.
Si llega a haber incidentes en que las autoridades locales se resistan, obstruyan o incumplan de algún modo las órdenes relacionadas con inmigración, habrá una investigación y un posible enjuiciamiento.
Esto es, en otras palabras, lo mismo que dijo Trump en su orden ejecutiva: quienes interfieran con la aplicación de la ley federal serán demandados.
¿Qué podemos esperar?
Frente a esta postura de la nueva administración de Trump, ya son varias las autoridades de estados y ciudades santuario que expresaron su desacuerdo. Argumentan que el gobierno federal no puede ordenar a las fuerzas policiales locales que cooperen con ICE (la policía de inmigración), porque no tiene jurisdicción.
El tema de las ciudades santuario es un punto de tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales. Lamentablemente, el conflicto promete intensificarse.
La situación evoluciona rápidamente y los cambios pueden tener importantes consecuencias para las comunidades inmigrantes, por lo que seguiremos informando sobre cualquier novedad en este tema.
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