Seguro recuerdes que Florida aprobó hace poco dos leyes muy severas respecto de inmigrantes indocumentados.
Una de ellas, la ley SB 4-C, fue tapa de todos los diarios, porque prevé la pena de muerte para inmigrantes indocumentados que cometan delitos muy graves.
La última novedad es que varias organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes y trabajadores agrícolas han presentado una demanda colectiva contra esta nueva ley.
En este artículo te lo explicamos todo.
La ley impugnada
La ley SB 4-C, sancionada en febrero, establece que un no ciudadano mayor de 18 años comete “entrada ilegal” si ingresa o intenta ingresar a Florida después de haber entrado a Estados Unidos “eludiendo o evitando el examen o inspección por parte de los oficiales de inmigración”.
La ley establece distintas penas, según se trate de un primer delito o de delitos subsiguientes. Entonces, si un inmigrante indocumentado ingresa o intenta ingresar a Florida por primera vez será condenado a prisión obligatoria de nueve meses. Si vuelve a hacerlo, la pena irá en aumento.
Si quieres saber más sobre esta ley, te recomendamos el artículo “Florida aprueba las leyes antiinmigrantes más duras del país”.
Los demandantes y sus argumentos
La demanda fue presentada en Florida por la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (con casi 12.000 miembros) y la Coalición de Inmigrantes de Florida (con más de 100 miembros individuales y 85 organizaciones miembros).
Los demandantes argumentan que la ley de Florida viola dos cláusulas de la Constitución de Estados Unidos:
- La cláusula de supremacía: Alegan que la ley intenta regular asuntos exclusivamente reservados al gobierno federal. Según la demanda, la inmigración es una “autoridad federal por excelencia”. El estado de Florida, entonces, no tendría la potestad de crear sus propios delitos de inmigración.
- La cláusula de comercio: Los demandantes sostienen que la ley regula de manera inadmisible la entrada de personas a Florida e impone cargas inaceptables al comercio interestatal e internacional.
Además, los abogados sostienen que la ley no proporciona una defensa para personas que actualmente buscan asilo en Estados Unidos u otras protecciones humanitarias disponibles bajo la ley federal.
La demanda solicita al tribunal que detenga inmediatamente la aplicación de la ley mientras el caso avanza en el sistema judicial.
Reacciones
Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU, dijo que al presentar la demanda, están pidiendo al tribunal que impida inmediatamente a Florida hacer cumplir “esta ley inconstitucional para prevenir más devastación en comunidades de todo el estado”.
Amy Godshall, otra abogada representando a las organizaciones, señaló que los demandantes incluyen a “una madre que solicita una visa U como víctima de un delito, una madre de cuatro hijos que cuida a un niño con discapacidades, y trabajadores agrícolas que viajan regularmente entre Florida y otros estados para cosechar alimentos”.
Del lado contrario, Jeremy T. Redfern, director de comunicaciones de la Oficina del Fiscal General de Florida, cuestionó las motivaciones de los demandantes, sugiriendo que sus intereses están alineados con “extranjeros ilegales que no tienen derecho a estar en nuestro país en primer lugar”.
Lo que sigue
Ahora toca esperar que el caso avance.
Un juez deberá decidir si emite una orden que suspenda temporalmente la aplicación de la ley SB 4-C mientras se resuelve la demanda.
Esta decisión preliminar podría dar indicios sobre qué piensa el tribunal sobre la solidez de los argumentos de la demanda.
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