El gobierno de Trump acaba de dar un nuevo paso en su batalla legal por deportar a migrantes venezolanos.
El pasado viernes 28 de marzo, solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar las deportaciones hacia El Salvador mientras continúa el proceso judicial sobre el tema.
Breve resumen del conflicto
Todo comenzó cuando el presidente Trump invocó una ley llamada “Ley de Enemigos Extranjeros”, que data de 1798 y que no se había usado desde la Segunda Guerra Mundial.
La Ley de Enemigos Extranjeros le otorga al presidente poderes extraordinarios para ordenar la detención y deportación de ciudadanos de países considerados en guerra o invasión contra Estados Unidos, sin que puedan ver a un juez.
Con esta ley, Trump busca deportar a personas que su gobierno identifica como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, a quienes ha calificado como una “fuerza invasora”.
Sin embargo, un juez federal llamado James Boasberg puso un freno temporal a estas deportaciones. Consideró que las personas tienen derecho a defenderse antes de ser etiquetadas como miembros de pandillas y deportadas sin juicio.
El choque entre poderes
El gobierno de Trump no se quedó de brazos cruzados. Primero intentó que una corte de apelaciones revocara la decisión del juez Boasberg, pero perdió esa batalla por una votación de 2 contra 1. Ahora, como último recurso, ha acudido a la Corte Suprema.
El Departamento de Justicia argumenta que los tribunales no deberían meterse en asuntos diplomáticos delicados y que el presidente tiene el poder constitucional para tomar decisiones sobre seguridad nacional.
Por su parte, Trump y algunos de sus aliados han llegado a pedir un juicio político contra el juez Boasberg, algo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha criticado diciendo que “el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Dudas sobre la identificación
Un punto importante en este caso es que no está claro cómo el gobierno está identificando a estas personas como miembros de pandillas. La administración se ha negado a dar nombres o detalles, argumentando “secretos de Estado” y la naturaleza “antiterrorista” de la operación.
Abogados que representan a algunas de las personas deportadas dicen que sus clientes fueron identificados erróneamente basándose en tatuajes. Por ejemplo, mencionan casos donde un tatuaje era en realidad el logo de un equipo de fútbol, otro era en honor a una abuela, y otro simplemente una rosa con pétalos de billetes.
¿Qué sigue ahora?
La Corte Suprema ha dado plazo hasta el martes 1.° de abril para que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes venezolanos, presente su respuesta.
Mientras tanto, la orden del juez Boasberg que prohíbe las deportaciones expiraría el sábado 28 de marzo, pero la ACLU ha pedido que se extienda hasta el 12 de abril. También buscan una orden judicial más permanente mientras continúa el caso.
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