El gobierno de Trump lanzó un nuevo ataque contra una ciudad santuario.
Esta vez, la fiscal general Pam Bondi demandó a Nueva York por una ley que se llama “Green Light” (Ley de Luz Verde).
Esta ley permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir.
Además, tiene una política de protección de datos personales que impide que las autoridades federales accedan a los datos de las licencias. Esto, según la administración de Trump, impide rastrear a ciertos inmigrantes y es una violación de leyes federales.
En este artículo te contamos qué son los lugares santuario, qué conflictos hay entre estos lugares y la administración Trump, y de qué se trata esta nueva demanda contra Nueva York.
Las políticas de santuario
En el centro de la discusión están las políticas conocidas como de “santuario”.
Los lugares llamados santuario pueden ser ciudades, condados o incluso estados enteros, donde las autoridades locales limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Si bien las políticas de santuario pueden variar de un lugar a otro, todos estos lugares tienen algo en común: intentan proteger a los inmigrantes indocumentados para que haya un ambiente de confianza entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales.
¿Cómo protegen a los inmigrantes?
Pues de muchas maneras. Entre las más comunes, se encuentra que las autoridades locales no cooperan con la policía de inmigración (ICE) salvo que haya una orden judicial. En general, además, la policía local y los empleados municipales tienen prohibido preguntar a las personas por su estatus migratorio.
¿Esto significa que un inmigrante indocumentado no puede ser arrestado o deportado en una ciudad santuario?
No.
Las autoridades federales pueden arrestar y deportar personas en cualquier lugar del país. Simplemente, en los lugares santuario, las autoridades locales cooperan lo mínimo posible con las autoridades federales.
Trump vs. ciudades santuario: demandas van, demandas vienen
Como te estuvimos contando, hay un conflicto abierto entre la administración de Trump y las ciudades que llevan adelante políticas de santuario.
Y el conflicto no es solo político. Ya llegó a los tribunales.
Entre las ciudades santuario más grandes están Chicago, San Francisco, Nueva York y Filadelfia.
Chicago pidió a la justicia que frene las redadas que el gobierno de Trump está llevando a cabo allí.
El gobierno de Trump, por su parte, demandó a Chicago, Illinois y al condado de Cook, por considerar que con sus políticas de santuario están obstaculizando a propósito la aplicación de leyes federales de inmigración.
San Francisco, por su parte, formó una coalición con otros distritos santuario y juntos demandaron a Trump. Pidieron a la justicia que no permita a Trump aplicar medidas que el gobierno quiere implementar para presionar a los lugares con políticas de santuarios.
Vemos, entonces, que las demandas van y vienen.
A veces es un lugar santuario el que demanda al gobierno de Trump. Otras veces es el gobierno de Trump el que demanda a los lugares santuario.
Esta vez, el turno de ser demandado le tocó a Nueva York.
La demanda contra Nueva York: las licencias conducir en el centro del conflicto
La fiscal general Pam Bondi presentó la demanda contra Nueva York el pasado miércoles 12 de febrero de 2025.
En la demanda, cuestiona la ley Green Light (Ley de Luz Verde) de Nueva York. Esta ley permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir.
Lo que cuestiona Bondi es que la ley Green Light limita el uso de información del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) para el control migratorio.
Vamos por partes.
El DMV es la agencia de gobierno que emite licencias de conducir y registra vehículos en el estado de Nueva York. Si una persona indocumentada quiere obtener una licencia de conducir, tiene que pedirla en el DMV.
De acuerdo con lo que manda la ley Green Light, el DMV tiene una política de privacidad con dos protecciones básicas para los inmigrantes indocumentados. La primera es que limitan los datos que comparten con las agencias de control migratorio. La segunda es que, si estas agencias de inmigración piden datos de alguna persona al DMV, ellos tienen obligación de avisar a la persona que este pedido ocurrió.
En la página oficial del DMV de Nueva York esto está publicado explícitamente (puedes verlo en inglés aquí):
“La ley [Green Light] proporciona una serie de protecciones de privacidad que limitan el intercambio de datos, incluso con agencias que principalmente hacen cumplir las leyes de inmigración, y requiere que se informe a los titulares de licencias cuando las agencias de control migratorio solicitan datos del DMV”.
Bondi apuntó especialmente contra el segundo aspecto de esta política de privacidad: el requisito de que notifiquen a un inmigrante indocumentado si una agencia federal solicita información sobre él.
“Están avisando a un extranjero ilegal, y es inconstitucional, y por eso presentamos esta demanda”, dijo la fiscal general.
Esta política, según Bondi, pone en peligro a la comunidad, dado que interfiere con los esfuerzos de las autoridades federales para encontrar y detener a inmigrantes indocumentados violentos.
¿Y qué contestan las autoridades de Nueva York?
La demanda fue presentada contra la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contra el presidente del DMV, Mark J. F. Schroeder.
La fiscal general James dijo que la ley Green Light protege los derechos de todos los neoyorquinos. Agregó que estaba preparada para defender las leyes de Nueva York en los tribunales, tal como siempre lo había hecho.
Desde la gobernación de Nueva York dijeron que ellos no se oponen a la deportación de criminales violentos, pero que las familias que cumplen las normas no debería ser un objetivo de la policía de inmigración (ICE).
¿Qué sigue?
Por el momento, dado que solo hubo una demanda, todo sigue igual para quienes viven en Nueva York y tienen o quieren tener una licencia de conducir. La ley Green Light sigue vigente.
Habrá que esperar a ver qué se resuelve en sede judicial y si es que la presión ejercida por el gobierno de Trump surte efecto sobre las autoridades de Nueva York.
Lo cierto es que la jueza que va a entender en el caso es una jueza de Albany llamada Anne Nardacci, que fue nombrada por Joe Biden. Esto podría darnos una pista sobre a qué lado puede favorecer, aunque nunca se sabe.
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