
El pasado martes 11 de febrero, una coalición que agrupa a grupos cristianos y judíos presentó una demanda en Washington D. C. para impedir que se realicen redadas y arrestos en lugares de culto.
Son 27 en total los grupos religiosos que se unieron en esta demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
¿El argumento principal?
Que las redadas en los lugares de culto violan el derecho a ejercer libremente la religión.
En este artículo te contamos en qué consiste la nueva política de Trump y qué cuestionamientos se le están haciendo en los tribunales.
La política previa sobre redadas en lugares sensibles
Antes de que asumiera Trump, la política vigente por más de una década era que los agentes de inmigración (de ICE o de CBP) no tenían permitido realizar arrestos en lugares considerados “sensibles”, salvo si tenían autorización de un superior o si era un caso de amenaza inminente.
Se consideraba lugares sensibles a las iglesias, las escuelas o los hospitales.
Estos lugares, entonces, estaban en principio protegidos de redadas.
El gobierno de Trump autoriza redadas en iglesias y otros lugares sensibles
La administración de Donald Trump revocó las directrices que protegían a estos lugares sensibles.
Con el cambio de política, entonces, los agentes de inmigración sí están habilitados para arrestar en iglesias, escuelas u hospitales.
El objetivo de este cambio es acelerar las deportaciones masivas que Trump prometió durante su campaña.
La crítica que se hace a esta política es que tiene como resultado que los inmigrantes no puedan ejercer su religión, no vayan a la escuela o incluso que dejen de buscar atención médica en una situación de emergencia.
Una primera demanda en Maryland
El primer cuestionamiento legal que se presentó contra la política de Trump fue en Maryland.
El 27 de enero de 2025, un grupo de organizaciones cuáqueras demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y a su secretaria, Kristi Noem.
En su demanda, argumentaron que la política de Trump sobre redadas y arrestos en lugares sensibles viola la Primera Enmienda de la Constitución y causa temor en las congregaciones.

La Primera Enmienda es la que garantiza la libertad de religión, al decir: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o prohíba practicarla libremente…”.
La nueva demanda presentada en Washington D. C.
La demanda que se acaba de presentar en la corte federal de Washington D. C. retoma los argumentos ya usados en la presentación de Maryland.
Esta nueva demanda sostiene que la nueva política de Trump está generando miedo a las redadas, lo cual reduce la asistencia a los servicios religiosos. Esto afecta la libertad religiosa que surge de la Primera Enmienda de la Constitución, y también es una violación a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA, por sus siglas en inglés).
Según la demanda, para preservar estas normas, los agentes migratorios deberían usar los medios menos restrictivos posibles para el control migratorio. Solo deberían realizar redadas en lugares sensibles si se trata de circunstancias excepcionales o hay una orden judicial.
Otro argumento es que el cambio de política fue muy abrupto y no siguió los procedimientos de reglamentación adecuados, ya que no se respaldó en una justificación razonada ni se tomaron en cuenta los potenciales efectos negativos.
Qué dice el gobierno
El gobierno, por su parte, se defiende diciendo que ellos solo están haciendo su trabajo, que consiste en proteger a las escuelas e iglesias y prevenir que criminales extranjeros y pandillas usen indebidamente esos lugares para evadir controles.
El gobierno también dice que el control migratorio en lugares religiosos estuvo permitido durante décadas, y que la nueva política de Trump simplemente permite realizar estas operaciones sin aprobación previa de un superior.
Por último, el gobierno considera que los daños que se alegan son especulativos y que, de aceptarse la demanda, cualquier orden que se dicte solo debería aplicarse a los demandantes del caso y no en todo el país.
El impacto de esta demanda
Si bien la demanda presentada en Washington no es la primera, sí tiene una particularidad importante: los 27 grupos que la presentaron representan a millones de personas en los Estados Unidos.

La abogada principal del caso, Kelsi Corkran, declaró: “La escala masiva de la demanda será difícil de ignorar”.
Las ciudades santuario también se enfrentan a Trump
Los grupos religiosos no son los únicos en cuestionar la política de Trump sobre redadas.
Chicago, que es una ciudad santuario, presentó una demanda a fines de enero para frenar las redadas.
San Francisco, por su parte, se unió en una coalición con otras jurisdicciones santuario y demandó al gobierno de Trump para evitar que se las fuerce a colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración.
Conclusión
La política migratoria de Trump está siendo atacada en varios frentes.
Mientras estas demandas avanzan en los tribunales, millones de personas permanecen en una situación de incertidumbre.
Tendremos que esperar para ver qué ocurre con todos estos casos y cuál terminará siendo el alcance del control migratorio del gobierno de Trump.
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