El 30 de diciembre de 2024 conversé con el periodista Manuel de Santiago de Aristegui Noticias sobre las medidas que el nuevo gobierno de Trump podría implementar en materia migratoria, y de cómo los inmigrantes pueden protegerse legalmente.
A continuación te comparto el texto de la entrevista:
– Julio Oyhanarte: Claramente, han aumentado mucho las consultas [a nuestro estudio jurídico]. Las contrataciones también.
Solo para darte unos números, antes de la elección, a nosotros nos llegaban unos 50 casos de asilo diarios.
El día que Donald Trump ganó la elección, fueron 300 casos, y un promedio de 100 a partir de ese día, solo de asilo.
Obviamente, mucha gente (muchos inmigrantes) tiene preocupación por esto.
La Constitución de Estados Unidos le da a toda persona que esté en el territorio estadounidense derechos, tenga o no un estatus migratorio legal.
Por ejemplo, si un oficial de inmigración llega a la casa de una persona, necesita una orden judicial para poder ingresar.
Si no la tiene, no tiene derecho a ingresar, a menos que la persona le abra la puerta.
Esa orden tiene que ser firmada por un juez. Las personas tienen derecho a no contestar las preguntas y a no firmar nada sin hablar antes con un abogado.
Ninguna persona tiene derecho a preguntarle a otra por la calle dónde están sus papeles de inmigración.
Si un oficial quiere interrogar por la calle, uno puede preguntarle si está bajo arresto o si tiene una orden judicial, y negarse a firmar documentos sin hablar antes con un abogado.
Entonces, siempre les recomendamos a las personas que tengan asesoría legal y que se vayan preparando antes de la asunción del nuevo presidente, para conocer sus derechos y qué cosas se pueden hacer en el caso concreto.
– Manuel de Santiago: Incluso entre las recomendaciones que se están difundiendo en México, está la de tener preparado un poder notarial para otorgar en un momento dado la custodia de los hijos menores de edad a una persona de confianza, así como una cuenta bancaria en el país de origen para poder transferir el dinero en caso de ser necesario. Son recomendaciones muy fuertes, por lo que puede implicar este programa de detenciones. Implicaría, en un caso, la separación de las familias y, en otro caso -porque también lo han planteado Donald Trump y sus funcionarios de inmigración-, incluso la deportación de familias enteras sin atender al estatus concedido o adquirido por los hijos. ¿Cómo se va a procesar esto desde la perspectiva de un abogado de inmigración?
– Julio Oyhanarte: Sí, efectivamente, el oficial elegido para esta operación se llama Tom Homan. Él ya fue funcionario desde la época de Obama. Pero también en la presidencia anterior de Donald Trump, tuvo un escándalo con el tema de la separación de familias, cuando él era el director de ICE (que es la policía de inmigración) y salió del cargo en ese momento.
Ahora se le está volviendo a preguntar por este tema. Él lo que está recomendando es la autodeportación. No se puede deportar a un ciudadano estadounidense, pero obviamente muchos inmigrantes tienen familias mixtas, por ahí un hijo ciudadano y un padre indocumentado. Entonces, se está hablando de hogares de transición para estos niños ciudadanos, que tengan un padre indocumentado. Esto es lo que está diciendo Tom Homan. O que se los deje a un familiar que se pueda hacer cargo de ese niño o niña en los Estados Unidos.
Evidentemente, es un problema que está generando mucha preocupación en muchas familias inmigrantes en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que termina de ocurrir en este momento.
El gobierno tiene unas 43.000 camas. Se está hablando de que necesitan al menos 100.000 y que se van a construir carpas o centros de detención también en Texas. En fin, muchas medidas para este tema, y vamos a ver cómo se desarrolla, porque evidentemente genera una preocupación muy alta en las personas. Esto es lo que se está diciendo desde la campaña que se va a hacer a partir del día uno de la asunción del presidente.
– Manuel de Santiago: Sí, efectivamente, y ahí está justamente la preocupación principal, porque todo se está pensando, incluso, para que se realicen operativos llamativos, vistosos.
Está claro que Donald Trump quiere enviar con total nitidez el mensaje de cuál va a ser su acción en materia migratoria. Así que lo que se prevé para el primer día, el 21 de enero, son megaoperativos. ¿Hay en este momento -tú que conoces del tema, Julio- el entramado legal que pudiera soportar una operación de esta naturaleza, o tendrían que hacerse modificaciones legales? Esto que dijo el propio Trump de hacer una declaratoria de emergencia nacional.
– Julio Oyhanarte: Ahí hay que ver cuáles son las fuerzas que se terminan de usar. El gobierno tiene a su disposición ICE, que es la policía de inmigración. Pero estos funcionarios no dan abasto con la cantidad de inmigrantes indocumentados que se está hablando que querrían detener y deportar. Para esto, Tom Homan está hablando de usar a la Guardia Nacional. Obviamente, aquí hay argumentos en contra de poder usar a la Guardia Nacional (a los militares), porque se necesita una declaración de emergencia para esto, y esto sería ilegal según la opinión de muchas personas. Lo que él salió a aclarar es que no usarían a los militares para detener a las personas, pero sí para transportar o para temas logísticos.
También se está hablando de cuál va a ser el presupuesto que va a tener este funcionario para llevar adelante semejante operación que se está prometiendo. Deportar a todas las personas que están en los Estados Unidos sin un estatus legal es virtualmente imposible con los recursos que hay hoy en día. Se necesitarían, según cálculos, más de 80.000, casi 90.000 millones de dólares de presupuesto para semejante cosa. En el corto plazo, esto no va a ocurrir.
Pero sí estoy de acuerdo contigo: es muy probable que veamos a partir del día uno, quizá, redadas en centros de trabajo, cosa que ya ocurrió antes. El presidente también puede y tiene la autoridad de cancelar un programa que usó el presidente Biden, que se llama el “parole humanitario”, que benefició a cientos de miles de personas de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, para entrar legalmente a los Estados Unidos con un permiso de trabajo, con un patrocinador que los recibe. Él podría cancelar este programa el día uno y enviarles a estas personas una orden para presentarse ante un tribunal de inmigración para deportación.
Se está hablando de otras cosas también, como de dejar vencer el TPS, que es una protección temporal que han tenido personas de diversos países que sufren una crisis política o climática. Muchos venezolanos también la tienen.
También hay que ver qué ocurre con el DACA, que es una protección que tuvieron muchos niños que entraron con sus padres sin permiso hace muchos años y tienen esta protección legal. En fin, vamos a ver qué es lo que se termina de implementar, pero creo que a partir del día uno va a haber muestras de que se está implementando una política más estricta con la inmigración, por decir lo menos.
– Manuel de Santiago: Pues ahí está el tema, Julio Oyhanarte. Sin duda alguna, veremos hasta dónde le alcanza primero la regulación que existe en este momento -las facultades, como dices, Julio- para echar atrás algunas medidas. También, la cita que se hace a través de la aplicación de internet del CBP One. En fin, todo esto que podría ser inmediato y lo que ya será de más largo aliento, que implicará modificaciones a nivel legal. Sabemos que las va a poder hacer, porque finalmente tiene la Cámara de Representantes y el Senado bajo control de los republicanos.
– Julio Oyhanarte: Exactamente, y también va a ser muy interesante ver cuál es el rol de los tribunales, en especial de los tribunales intermedios. Porque también tiene una mayoría favorable en la Corte Suprema, que es el último tribunal de justicia, pero ya hemos visto y siempre se ven demandas judiciales, sea cual sea la administración, sea que esté a favor o más en contra de la inmigración.
En los últimos años las vimos en el Circuito Quinto, que es el que tiene jurisdicción sobre Texas, que suele tener jueces más en contra de la inmigración. Ahora vamos a empezar a ver probablemente más demandas judiciales para bloquear políticas del nuevo presidente en el Circuito Noveno, que está en California, que tiene jueces intermedios más favorables a la inmigración. Esto lo vamos a ver también desde el día uno.
Organizaciones a favor de los inmigrantes ya están preparando demandas para bloquear potenciales políticas que se implementen, ya sea por órdenes ejecutivas del presidente o incluso leyes del Congreso.
¿Cuál va a ser la actitud de estos jueces? Resta ver, pero ya en el pasado se han bloqueado un montón de políticas que se intentaron. Así que yo creo que eso lo vamos a volver a ver.
– Manuel de Santiago: Muchas gracias, Julio Oyhanarte, por tomarnos la comunicación esta mañana y seguimos en contacto contigo.
– Julio Oyhanarte: Al contrario, Manuel, muchas gracias y buen programa.
